Esta iniciativa reconoce la labor social de las entidades recuperadoras de economía social y solidaria, quienes acompañan la responsabilidad medioamiental en la gestión textil junto con la labor de inserción sociolaboral de colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Y supone un ejemplo de buenas prácticas en la implantación de claúsulas sociales y reserva de mercado que abre un escenario de posibilidades de cara a una contratación pública que actúe en términos de justicia social así como de eficiencia en el gasto público.