Madrid, 29 de octubre de 2013. OCU ha realizado un estudio de investigación del actual sistema de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. La Organización siguió el rastro de 16 Residuos electrónicos domésticos (teles, lavadoras, frigos y ordenadores) desde el punto de entrega (punto limpio o tienda) hasta el lugar donde fueron procesados. La conclusión más sorprendente es que sólo 4 fueron procesados en plantas autorizadas. El resto acabaron en chatarrerías, zonas residenciales, descampados y almacenes. El estudio íntegro se publica en la revista OCU-Compra Maestra del mes de noviembre.
En teoría el sistema actual de gestión de residuos está pensado para que el consumidor no deba pagar nada cuando lleva un aparato viejo al punto limpio o lo deja en un establecimiento al adquirir uno nuevo. Una vez hecho esto, el aparato debe ir a la planta de reciclaje donde se separan los materiales contaminantes y se recuperan los valorizables. La práctica, muy diferente.
OCU ha encontrado problemas en todas las fases de la recogida y reciclaje: trabas en la entrega, robos en los puntos limpios, cobros por recoger el residuo, desplazamientos innecesarios, envíos directos a chatarrerías, incluso paso de residuos por plantas de reciclado autorizadas sin recibir tratamiento y por esto afirma que el sistema actual de gestión de residuos hace agua por todas partes. De hecho, la situación que ha encontrado OCU es peor que la de hace dos años, cuando realizó esta misma investigación. También es peor que en otros 4 países europeos en lo que se realizó en 2012 una experiencia similar (Portugal, Bélgica e Italia).
La Organización denuncia que el sistema sólo beneficia al fabricante, que cobra siempre, pero que sólo paga cuando el aparato se recicla (los fabricantes cargan en el precio que paga el consumidor por cada aparato nuevo un dinero para el futuro reciclado, sin que aparezca desglosado en la factura, pero solo pagan al sistema que gestiona los residuos de forma colectiva o SIG lo que se haya reciclado; si el reciclado fuera de un 20%, se estarían quedando con el 80% de lo recaudado para reciclar). Por tanto además de estar engañando al consumidor se está produciendo un delito ambiental, ya que muchos residuos acaban triturados en lugares no preparados para ello y liberan sustancias peligrosas.
Ante esta situación, OCU va a poner en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas las infracciones más graves que ha
detectado en este estudio. Además proponemos una serie de cambios que son esenciales introducir en la nueva norma española que debe aprobarse antes del 14 de febrero de 2014 para transponer la nueva Directiva sobre estos residuos aprobada en 2012:
1. Controlar el sistema de recogida e imponer sanciones disuasorias a los establecimientos que se nieguen a recoger el aparato antiguo o cobran por ello.
2. Establecer un funcionamiento estándar de los puntos limpios y garantizar la custodia de residuos.
3. Regular las actividades autorizadas en los centros de almacenamiento temporal, fragmentadoras o chatarrerías y obligar a rendir cuentas de ellas.
4. Controlar y sancionar a las chatarrerías que admiten residuos sin descontaminar.
5. Que un sistema independiente registre el recorrido de cada aparato y los tratamientos que recibe.
6. Que los fabricantes informen sobre la cantidad exacta que cobran al consumidor en concepto de recogida, tratamiento y eliminación. A parte, claro está de informar cómo gastan ese dinero, es decir, cuánto ingresan y cuánto pagan al SIG.
7. Establecer estándares de tratamiento que deben cumplir las plantas de tratamiento para ser autorizadas, es decir, definir lo que sería un tratamiento adecuado para cada tipo de residuos y que éstos sean iguales en todo el ámbito
nacional.
