Antes de convertirse en proyecto de ley el 17 de mayo, el decreto de medidas urgentes fue aprobado en Consejo de Ministros el día 4 de ese mismo mes y, se encuentra en vigor desde el día siguiente de su publicación en el BOE.

Posteriormente llegó al Congreso y, en ese 17 de mayo, el decreto en sí recibió el respaldo del PP, UPyD y UPN, mientras que Foro Asturias se abstuvo. El resto de grupos parlamentarios se mostraron en contra del mismo, entre otros puntos, por centralizar las competencias que hasta la fecha eran autonómicas.

Por unanimidad, se decidió en la misma sesión plenaria que fuera tramitado como proyecto de ley, lo que abría la posibilidad de cambios puntuales por parte de los grupos parlamentarios en forma de enmiendas. Por ello, la oposición ha criticado en el debate de este jueves que "no haya servido de nada" su paso por ambas Cámaras porque "el PP sólo ha aceptado sus autoenmiendas".

En concreto, esta ley plantea la modificación de cuatro normativas: Ley del Mercado de Valores, Ley de Aguas, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Durante la defensa del mismo, el ministro Arias Cañete justificó que el texto respondía al propósito de mejorar la gestión ambiental española, adaptando directivas europeas y reduciendo las cargas administrativas y favoreciendo, entre otros puntos, el sistema de subastas en derechos de emisiones.

Con ello, detalló que esta ley incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pudiera acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto.