La Asociación Proyecto Lázaro trabaja desde 1994 en la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión, utilizando como uno de sus medios la recuperación textil. Sin embargo, según denuncian desde el colectivo, en Elche no se han tenido en cuenta los criterios sociales a la hora de adjudicar los contenedores de recogida de ropa, y, además, se quejan de que les han prohibido colocar depósitos en recintos privados y que, pese a que en diciembre pidieron una reunión con el equipo de gobierno, en este tiempo no han obtenido respuesta.

M. Pomares Indignados. Así confiesan sentirse en la Asociación Proyecto Lázaro, según afirman, por "la existencia de ayuntamientos que sacan a concurso la concesión de la puesta de los contenedores, cuando no es necesario, marcando unos costes a la hora de pujar por la concesión y omitiendo cláusulas sociales, lo que provoca que entidades con nuestro perfil no podamos acceder". En esta línea, apuntan que, "tradicionalmente, la recogida, selección y recuperación textil ha recaído en entidades sin ánimo de lucro que, con la manipulación y la transformación de un residuo que nadie quería daban trabajo a personas en situación de exclusión, financiaban con esto programas y proyectos sociales y, además, como objetivo secundario, reducían el desecho que iba a parar a los vertederos".

Desde la entidad, explican que, si bien tienen sede en Alicante, han encontrado en la ciudad de Elche uno de sus puntos de actuación preferente. "Cuando no existían contenedores en la vía pública y, salvo Cáritas, nadie se encargaba del residuo textil, nuestra asociación empezó a gestionar este desecho en Elche, encargándose sobre todo del sobrante que tenía Cáritas en las parroquias". Fue así como en 2008 se firmó un convenio de colaboración con Cáritas Interparroquial que hizo que la tienda que tienen en Carrús y que se denomina Moda Amiga no sólo sea un punto de venta de ropa de segunda mano, sino que también albergue el programa de ropero de Cáritas, que, según detallan desde Proyecto Lázaro, atiende cada día a cinco unidades familiares y las urgencias del centro de acogida derivados desde Cáritas, lo que supone entre 1.200 y 1.400 familias al año, con cuatro miembros de media. A ello se suma, como relatan, que en 2012 llegaron a ser seis las personas de Elche contratadas dentro del programa.

Sin embargo, los problemas no son nuevos. No en vano, comentan que en 2007 ya pidieron una primera reunión con el Ayuntamiento ilicitano, aunque afirman que se les informó de que no estaban interesados en la colocación de contenedores en la vía pública. El siguiente paso llegó en 2009, cuando, según apuntan, "una empresa visitó todas las parroquias de Elche recogiendo firmas para la colocación de contenedores ya que, según alegaba a los párrocos ilicitanos, Cáritas Elche ya no estaba interesada en la ropa y diciendo que eran conocidos de la Asociación Proyecto Lázaro". Sin embargo, como señalan, "ya era tarde. El Consistorio había hecho la concesión por un año y, a pesar de la información recogida sobre lo fraudulento de esas firmas, no se cesó en el contrato con esta empresa". No obstante, unos meses después desde el equipo de gobierno se les aseguró que los tendrían en cuenta cuando venciera la adjudicación.

En cualquier caso, las promesas quedaron ahí, según lamentan,y, con el cambio de gobierno, se convocó un nuevo concurso para principios del año pasado, en el que, como puntualizan, la oferta económica se equiparó a lo social. La asociación, lógicamente, se presentó, pero la adjudicación recayó en la empresa que tiene instalados los contenedores en la actualidad.

La gota que colmó el vaso llegó en diciembre de 2012, cuando el Ayuntamiento les ordenó quitar los dos contenedores que tenían en El Altet, "y telefónicamente se nos prohíbe la reubicación de dichos contenedores en terreno privado", con el "pretexto", dicen, de que no haya "competencia desleal".

Por ello, solicitaron por registro una reunión con el equipo de gobierno, aunque aseguran que no han obtenido respuesta. Mientras tanto, según lamentan, han tenido que prescindir de tres puestos de trabajo en Elche, uno de ellos el de inserción laboral derivado de Cáritas, y temen que se ponga el riesgo el programa de ropero.