Según el Consistorio, las inversiones de impacto son «aquellas en empresas o fondos que generan un impacto positivo social y/o medioambiental cuantificable y medible, junto a un retorno para el inversor que puede ir desde la simple devolución del capital a una rentabilidad igual a la del mercado».
Fuentes del Área de Economía y Hacienda explican a EL MUNDO que «la finalidad principal es contribuir a consolidar un ecosistema español de inversión de impacto social que, a través de instrumentos de financiación y asesoramiento, impulse un tejido empresarial innovador y generador de impacto social y medioambiental positivo en la ciudad, capaz de proponer soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles que den respuesta a los retos que en materia social se enfrenta Madrid».
Sin embargo, este argumento contrasta con la visión del PP municipal, que cree que la iniciativa del Gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena, es un intento de «plantar el germen de un banco público que riegue con dinero de todos los madrileños a su red clientelar». Según declara a este diario el concejal popularÍñigo Henríquez de Luna, se trata de «un instrumento que ahonda en lo que Errejón [el candidato de Podemos a la Comunidad] llamó instituciones populares de resistencia y que llevan varios años intentando crear». Hace referencia el edil a las subvenciones que el Ayuntamiento ha otorgado estos años a cooperativas y ONG afines, un asunto que el PP ha llevado ante la Fiscalía.
No obstante, el Consistorio insiste en que el objetivo que persigue es, por un lado, «apoyar el tejido emprendedor y empresarial madrileño que tenga integrado en su estrategia de negocio, modelo de gestión y sistemas de medición la generación de un impacto social y medioambiental positivo». En segundo lugar, «catalizar recursos públicos y privados hacia inversiones que generen este tipo de impacto» y, por último, «contribuir a la consolidación de un ecosistema de estas inversiones en Madrid y en España».
Para optar al concurso, el Ayuntamiento pedirá, entre otros requisitos, que los fondos tengan como objetivo fundamental la consecución de un impacto social cuantificable. También exigirá que la participación en cada fondo vaya dirigida a financiar proyectos y empresas sociales que estén en Madrid o tengan impacto social en la capital
Como ejemplo de intermediario con el que se podría trabajar, el Ayuntamiento cita a Creas, que se define como el «primer fondo institucional de inversión de impacto de España». Lorenzo Guerra, analista de esta compañía, cuyo fin es «la rentabilidad y el impacto social», explica que son «un fondo de capital riesgo al uso
Tanto el Gobierno municipal como Creas señalan que esta inversión está creciendo en Europa y, también en España, pero en nuestro país aún está empezando a despegar. Según datos de Eurosif (Fondo Europeo de Inversión Social), las inversiones de impacto crecieron en Europa un 385% entre 2013-2015. En España, el crecimiento fue de un 207%. No obstante, en total de activos,España, con 267 millones de inversión de impacto, todavía se encuentra lejos de otros socios europeos como Países Bajos (40.000 millones), Dinamarca (31.000 millones) o Reino Unido.
¿Por qué se denomina así esta fórmula?El capital riesgo es una actividad que se centra en financiar medianas y pequeñas empresas además de startups, convirtiéndose en su socio temporal. El inversor estudia el negocio y, si se ajusta a sus condiciones, compra parte del capital. Cuando la empresa alcanza un tamaño determinado el socio deshace su inversión vendiéndola a otro socio. El apellido riesgo viene precisamente de la posibilidad de no recuperar la inversión.¿Cómo de accesible es?En 2017, los fondos que se dedican a esta actividad en España captaron algo más de 2.000 millones de euros, de los que 172 fueron de origen público, según datos de la asociación sectorial ASCRI. La inversión acumulada asciende a 25.000 millones en más de 2.200 empresas que emplean a 400.000 trabajadores. Madrid es la comunidad autónoma que más fondos capta.¿Con qué criterios financian estos inversores?Cada uno en función de su filosofía. Hay quienes apuestan por negocios con potencial de crecimiento. Otros, como las grandes empresas, lo hacen por emprendedores que les sirven para prevenir la entrada de rivales digitales. Una tercera opción es apoyar empresas de carácter social que difícilmente encontrarían financiación.¿Qué ventajas tiene para una Administración?El Instituto de Crédito Oficial es el mayor inversor público de capital riesgo en España. Con los criterios del ayuntamiento aún por definir, la ventaja sería que los 30 millones movilicen recursos mucho mayores para más empresas.
