El Congreso ha aprobado por unanimidad la ley que regula el régimen de empresas de inserción, con competencia legislativa plena, por lo que tras el trámite en el Senado, el proyecto podría quedar aprobado en un mes.

Durante el debate del texto en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, todo los grupos han destacado la importancia de dotar de un marco legal a estas empresas, que venían desempeñando su labor sin esta regulación a nivel nacional desde hace casi 20 años, y lo han puesto de manifiesto haciéndose una ´foto de familia´ en la puerta del Parlamento.

Este tipo de empresas recibirán ayudas y bonificaciones por la tarea de inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, con especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo, y deberán destinar al menos el 80 por ciento de sus resultados a la mejora de sus estructuras productivas y de inserción.

Entre otras cuestiones, se regulan los tipos de contratos y se establecen bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social de 850 euros durante toda la vigencia del contrato o durante tres años en caso de contratación indefinida.

La diputada del PSOE Esperanza Esteve ha asegurado que ´este esfuerzo lo estamos haciendo no en pro de una ley que va a beneficiar a un grupo de personas, sino que estamos optando por una nueva filosofía de entender la inclusión social a través del trabajo y el empleo´.

Desde el PP, José Eugenio Azpiroz ha explicado que aunque se podrían mejorar algunos aspectos ´lo que hoy se hace es importante´ y sirve para reconocer la labor de las personas que estaban trabajando en estas empresas y para dotarlas de un instrumento jurídico ´que les permita ahondar en este quehacer´.

La diputada de IU Carme García también ha celebrado la aprobación de la ley y ha hablado de ´día histórico´ para estas empresas que llevaban ´25 años sobreviviendo en una situación de alegalidad´, pero que opina que ´han ocupado un papel vital en las políticas de lucha contra la exclusión social´.

Desde CIU, Carles Campuzano, ha resaltado que las empresas ´son un dispositivo esencial para combatir la pobreza y la exclusión´ y ha mostrado su deseo de que este nuevo marco legal sea útil para sus objetivos´, aunque opina que el ´encaje competencial no es el adecuado´.

Uxue Barkos, del Grupo Mixto, ha recordado que el sector había reclamado la necesidad de esta regulación, mientras que Joan Tardá, de ERC, elogió ´la respuesta innovadora en la lucha social´ realizada por estas empresas y Emilio Olabarría, del PNV, que la iniciativa afecta a un ´colectivo necesitado de una atención prioritaria´.